La inflación pesa sobre unas matrículas topadas y el discurso de Sunak desincentiva a los estudiantes extranjeros
Las universidades del Reino Unido han sido siempre la razón para perdonar el torpe orgullo del Brexit. Son la joya de la corona de un país cuya educación superior sigue teniendo un nivel de excelencia. Diecisiete de ellas forman parte de las cien mejores del mundo. Y constituyen, además, una fuente de ingresos de primer nivel. Se calcula que contribuyen con más de 150.000 millones de euros a la economía del país. En la actualidad sufren una crisis que puede poner en riesgo su preponderancia mundial.
Un estudiante británico que quiera matricularse en un grado o posgrado universitario deberá pagar 9.250 libras esterlinas anuales de matrícula (unos 10.800 euros). La cantidad está limitada por ley desde hace una década, con lo que las universidades deben hacer frente a una inflación galopante y a una competición que les fuerza a contratar profesores con salarios atractivos y a ofrecer una amplia variedad de grados y cursos. Es una cifra astronómica si se compara con las tasas de matrícula en España, que pueden variar entre los 680 y los 1.280 euros al año.
Hasta 1998, el acceso a la enseñanza superior era absolutamente gratuito en el Reino Unido. Fue un Gobierno laborista, el de Tony Blair, el que abrió el grifo, ante la creciente demanda de trabajadores con título universitario. El sistema de préstamos estatales a los estudiantes —que solo están obligados a devolverlos cuando entran en el mercado laboral y a partir de un umbral salarial que es generoso—, sigue garantizando el acceso a la educación superior de muchos alumnos nacionales, pero no basta para financiar un sector que se ha convertido en un negocio competitivo y sofisticado.
Russell Group, la asociación que representa a veinticuatro de las instituciones educativas superiores británicas más prestigiosas —Cambridge, Imperial College o London School of Economics, entre otras—, calcula que, en la situación actual, cada alumno británico supone a las universidades una pérdida cercana a los 3.000 euros anuales, que podría alcanzar los 6.000 al final de la época de estudios.
El camino
La mayoría de las universidades compensan su estrés financiero con la incorporación de alumnos extranjeros, que suponen el 20% de los ingresos, y puede representar hasta 32.000 libras anuales (unos 37.000 euros) de matrícula. Son sobre todo alumnos asiáticos, pues la llegada del Brexit suprimió el acceso de los estudiantes de la Unión Europea en las mismas condiciones que los británicos, y los alejó considerablemente de las universidades del Reino Unido.
Los estudiantes procedentes de la India, China, Nigeria o Bangladesh han llegado a suponer el 10% del alumnado de los centros más demandados en Inglaterra, pero en los últimos meses han surgido señales de alarma. Y el discurso antiinmigración del Gobierno de Rishi Sunak, que se enfrenta a un año electoral complicado, ha tenido mucho que ver con el declive.
El reciente anuncio de Downing Street de que se planteaba eliminar el derecho de los alumnos de maestría a reagruparse en el Reino Unido con miembros de su familia, o los llamados graduate visa route (permisos de trabajo temporales para graduados), ha desalentado a muchos alumnos aspirantes a dar el salto.
“La graduate route es una parte esencial de la oferta del Reino Unido a potenciales estudiantes. Muchos de nuestros competidores ofrecen cosas aún más atractivas. Los alumnos internacionales suponen una contribución neta a la economía del país de alrededor de 46.000 millones de euros al año, algo que beneficia a todo el Reino Unido”, ha alertado Vivienne Stern, la directora ejecutiva de Universities UK, la asociación que representa y defiende los intereses de más de 140 centros de educación superior. “Nadie quiere que se den abusos en el sistema, y estamos dispuestos a trabajar con el Gobierno para evitarlo. Pero es conveniente que se descarte la idea de eliminar por completo los permisos temporales de trabajo”, ha reclamado la asociación.
Según datos del Servicio de Admisiones de Universidades (UCAS, en sus siglas en inglés), que el diario Financial Times ha examinado a conciencia, cerca de un tercio de las instituciones educativas británicas han visto recortadas en un tercio el número de solicitudes de ingreso de alumnos extranjeros no procedentes de la UE. Algunos centros, como la Universidad de York, han decidido reducir notablemente el nivel académico exigido a los alumnos extranjeros para poder incorporarse a sus grados.
Un análisis llevado a cabo por la consultora PwC para Universities UK, basado en los ingresos financieros de cerca de 70 centros británicos en el curso 2021-22, calcula que para finales de 2024 un 40% de ellos habrá entrado en situación deficitaria. Y la solución, sugiere el informe, solo puede venir de dos vías: aumentar el número de matrículas de alumnos extranjeros o aumentar el precio exigido a los alumnos nacionales. A pocos meses de unas elecciones en las que el Partido Conservador se juega su futuro, ninguna de las dos respuestas resulta atractiva para Sunak.
Los estudiantes reciben hasta un máximo de 600 euros al mes durante tres meses.
Animan a las tecnológicas a contratar personas con discapacidad intelectual para validar la accesibilidad.
Varios estudiantes universitarios durante una clase, en una imagen de archivo.
Las universidades españolas ofrecen un total de 288 plazas de prácticas laborales para personas con discapacidad, dentro del programa de Becas Fundación ONCE-Crue Universidades Españolas, que pretende mejorar la carrera profesional de los universitarios con discapacidad, a quienes facilita el acceso a una primera experiencia laboral.
En su octava edición, la iniciativa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027.
Las becas están dotadas con un importe de 2.000 euros por cada alumno en prácticas, que las universidades deberán destinar a la remuneración de los estudiantes, quienes reciben hasta un máximo de 600 euros al mes durante tres meses, y al pago de la seguridad social y otros gastos de gestión.
La iniciativa permitirá, como en los cursos pasados, que 288 estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades españolas asociadas a Crue Universidades Españolas y centros adscritos puedan realizar prácticas externas.
Los universitarios tienen hasta el 29 de febrero de 2024, o bien hasta que las universidades lo establezcan en sus procesos internos, para presentar sus solicitudes a través de la web de becas de Fundación ONCE, en el espacio habilitado a dicho efecto.
El periodo de las prácticas será de tres meses y podrá desarrollarse en grandes empresas, pymes, microempresas, entidades de la Economía Social y del tercer sector, así como en otras instituciones y entidades públicas o privadas.
La colaboración de Fundación ONCE y Crue Universidades Españolas, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pretende promover la realización de dichas prácticas, contribuir económicamente al coste del programa y facilitar la intermediación de las empresas, incentivándolas a la contratación de personas con discapacidad, fomentando nuevos vínculos entre empresa y universidad y una mejor gestión de la diversidad a través de la inclusión.
Podrán beneficiarse de este programa de prácticas en empresas los alumnos universitarios que tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 33% y estén matriculados en grado o máster (oficial o propio) en alguna universidad española, fundación universitaria o centro adscrito. Se priorizará a los estudiantes de último curso que hayan superado más del 50% de los créditos de grado y/o máster del correspondiente título universitario sin haber disfrutado aún de prácticas académicas, según criterio de la propia universidad o centro adscrito a ella.
“Los títulos universitarios comienzan a perder sentido”: ¿es el fin de la ‘titulitis’ en España?
Mientras la sobrecualificación afecta a cada vez más universitarios en España, el intrusismo se convierte en la norma en empleos más artísticos donde el talento y la experiencia lo son todo. ¿Las posibles soluciones? Un sistema educativo que forme a ciudadanos y no solo a trabajadores
Más allá de profesiones donde el título es clave, como las médicas, técnicas y científicas, ¿valora cada vez menos el mercado laboral un título universitario?
La escena más impresionante de The Wall (1982), la película basada en el álbum de Pink Floyd y escrita por el propio Roger Waters, es esa en la que cientos de niños, después de cantar a coro el celebrado estribillo “No necesitamos educación / no necesitamos un férreo control”, destrozan las aulas de su colegio y lo terminan quemando. La rabia contra la escuela es una constante en el universo juvenil, iconoclasta y un poco rebelde de la música pop. En España, los ejemplos también son interminables: desde Fito y sus versos “el colegio poco me enseñó / si es por el maestro nunca aprendo” hasta el más explícito Jarfaiter que en Original Quinqui exclama: “Puto sistema educativo, putos profesores / ningún niño se merece sus humillaciones”.
El sistema educativo, quizá porque todos los ciudadanos lo han vivido durante más o menos tiempo, recibe críticas en todos los formatos imaginables, desde el ensayo filosófico más sesudo (en Vigilar y castigar, Michel Foucault coloca la escuela y el hospital al mismo nivel que la prisión) hasta las canciones de trapmás crudas. No obstante, últimamente surgen debates que van más allá de la cuestión de la calidad educativa o de la gestión de la autoridad en las aulas y que implican a colegios, institutos y universidades, pero también a empresarios y trabajadores e incluso a espectadores y consumidores, es decir, a las instituciones educativas y también al mercado de trabajo y al sistema económico. Son los debates en torno a qué se debe enseñar y qué cualificaciones debe tener un trabajador para ejercer determinada profesión. No siempre se enuncian así, pero están al fondo de polémicas como la que se formó tras la retransmisión de la gala de los Goya por Inés Hernand (”¡una presentadora sin el título de periodismo!”, criticaron sus detractores), la que suele aparecer entre historiadores profesionales y escritores de novela histórica e incluso la que algunos tuiteros levantan cada vez que se anuncia una serie protagonizada por la cantante Aitana (dicen: “No es actriz”).
De un lado están los defensores de las cualificaciones, que consideran que quien lleva a cabo cierta actividad profesional debe hacerlo tras haber obtenido el título correspondiente; del otro, quienes, como la mayoría de los programadores informáticos, son orgullosamente autodidactas. En medio queda la realidad, que muchas veces obliga a los titulados a trabajar en algo que no se corresponde con su preparación (es el fenómeno de la sobrecualificación, que afecta al 36% de los universitarios españoles) y en cada extremo se encuentran, respectivamente, los defensores de las titulaciones a ultranza (los de la titulitis) y los del fake it until you make it (“fíngelo hasta lograrlo”). Por supuesto, el exceso de confianza en este último lema a veces produce monstruos sorprendentemente exitosos que coquetean con el delito, como el Pequeño Nicolás. Francisco Nicolás Gómez Iglesias es el intruso más famoso de España y si algo hay de cierto en su historia es que logró acceder a las élites políticas y económicas de nuestro país sin ningún aval académico o conocimiento específico sobre derecho, comercio o protocolo.
De algunas excepciones a cambios profundos en el sistema educativo
Hace poco, un profesor de bachillerato comentaba sorprendido que algunos de sus mejores alumnos, pertenecientes, además, a familias sin dificultades económicas, no desean ingresar en la universidad al superar el instituto, sino que prefieren posponer o evitar ese paso y ganar tiempo para formarse por su cuenta y desarrollar sus propios proyectos. Algo así, que hace un par de décadas hubiera sonado descabellado, comienza a convertirse en un plan legítimo a ojos de la sociedad (y de los padres) gracias a proyectos como el que el magnate Peter Thiel puso en marcha en 2011. Entonces, este gurú de Silicon Valley lanzó un programa de becas que ofrece 100.000 dólares a universitarios dispuestos a abandonar sus estudios para desarrollar una idea disruptiva o, como expone la web de su fundación: “Damos 100.000 dólares a los jóvenes que prefieran construir cosas nuevas a estar sentados en un aula”. No son anécdotas aisladas, sino el reflejo de toda una serie de cambios en nuestra forma de valorar el conocimiento (cada vez más orientado a la acción) y sus fuentes (tradicionalmente las instituciones educativas, hoy mucho más diversas).
“La rápida evolución de la tecnología y la globalización requiere que los individuos se mantengan actualizados y desarrollen nuevas habilidades a lo largo de sus carreras. La formación continua no formal juega un papel crucial en este proceso”, explica Laura Hernández, investigadora en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y autora de la publicación De los estudios a las competencias: Condicionantes y resultados del capital humano en España, promovida por la Fundación BBVA. Es en ese contexto en el que se comienza a hablar de “competencias”, que emergen “como un elemento central en la educación contemporánea, ofreciendo un enfoque más completo y práctico para evaluar y fomentar las habilidades de los individuos”, en palabras de la economista. “Estas competencias no se adquieren únicamente en el ámbito académico, sino también a través de la experiencia laboral y la formación continua, bien sea a través de educación no formal (actividades institucionalizadas que no proporcionan títulos oficiales) o informal (sin acudir a ninguna institución educativa)”, aclara Hernández.
A finales de febrero, la influencer Carmen Merina (@rayomcqueer) fue muy criticada porque en una de sus publicaciones defendió que existen muchos puestos de trabajos habitualmente reservados a titulados que se pueden ejercer “sin pasar por la universidad”, simplemente “aprendiendo las habilidades que requieren” y “sin gastar el pastizal que suponen las matrículas”. En realidad, y sin que importe demasiado si fue o no una coincidencia, sus palabras reproducen en buena medida el discurso que la OCDE (una organización orientada a la promoción de las “buenas prácticas” educativas entre sus 38 Estados miembros, los más desarrollados del mundo) difunde respecto a las competencias. Un discurso que es cuestionado por quienes se oponen a que las necesidades del mercado laboral, en muchos casos efímeras e interesadas, marquen el rumbo de la educación pública.
“Se ha impuesto una idea del conocimiento como valor de cambio o activo económico. Ese conocimiento del que se suele decir que caduca con facilidad y hay que renovar constantemente”, sostiene Enrique Galindo, docente y autor de libros como Escuela o barbarie (AKAL, 2017). “Pero hay otros conocimientos que no caducan y son los que constituyen el suelo para la formación del carácter y la personalidad. A esos conocimientos debe tener acceso todo el mundo: ese es el valor de la escuela pública que también debe mantener un componente contrafáctico que se está perdiendo; o sea, debe servir para tomar distancia de la realidad social o de la realidad económica y desde ahí medir qué funciona bien y qué funciona mal en una sociedad”.
Galindo cree que el “hombre de acción o emprendedor” (“gente que se introduce en la actividad económica de una manera innovadora o que ha desarrollado mecanismos psicológicos para adaptarse a las condiciones inciertas y cada vez más precarias del mercado laboral”) está sustituyendo progresivamente al “ciudadano” como sujeto de nuestras sociedades. Y el sistema educativo estaría adaptándose a esta nueva realidad marcada por la incertidumbre. ¿Cómo? “Convirtiéndose en un apéndice del sistema económico y privilegiando sobre las otras dos solo una de las tres tareas que hasta hace poco cualquiera identificaba como propias de la escuela pública”. ¿Cuáles son esas tareas? ”Formar trabajadores, formar ciudadanos capaces de participar con autonomía intelectual en el debate público y formar personas dando herramientas a los individuos para que sean capaces de gobernar su propia vida”. Según el profesor, el sistema educativo habría olvidado las dos últimas.
Una crisis general en el mundo del trabajo
En redes sociales se suele decir con sorna que “no importa lo que hayas estudiado, tu trabajo consistirá en enviar e-mails y rellenar hojas de cálculo”. Es una aproximación un poco exagerada a los trabajos de oficina, pero si se ha hecho tan popular es porque, por un lado, las tareas burocráticas no dejan de aumentar y la medición y promoción de cualquier actividad laboral comienza a ser un obstáculo que detrae recursos de la propia actividad; y por otro, efectivamente, todavía a muchos empleadores no les importa demasiado lo que hayas estudiado, mientras hayas estudiado algo. Tal y como explica Hernández, “la teoría credencialista propone que el valor de la educación radica más en su señalización social y ante los empleadores que en la adquisición de habilidades prácticas”. Es lo que los más sarcásticos llamarían titulitis: incluso si lo aprendido en las aulas apenas tiene relación con lo requerido por el puesto de trabajo, “como el empleador no conoce tus verdaderas capacidades, asume que las credenciales académicas son una buena aproximación a ellas”.
En cualquier caso, parece que nos vamos alejando de esa titulitis. “Los títulos universitarios comienzan a perder sentido”, opina Galindo. “Las economías del conocimiento ya no responden al esquema fordista o del sistema industrial del siglo XX. Ahora se buscan trabajadores muy flexibles que sepan adaptarse y competencias blandas como el trabajo en equipo o la proactividad. Precisamente por eso, un alumno de buena familia que no quiera estudiar ocupará todavía con más facilidad los puestos a los que no puede acceder un alumno de clase trabajadora que se ha esforzado por sacarse un título”.
Con todo, Hernández prefiere ser cauta porque “diversos estudios dicen que existe una relación positiva entre los años de educación y los salarios, así como con la productividad”. Ella sí que considera que el marco de las competencias puede ser útil, especialmente para un país como España, donde “los niveles de desempleo y la precariedad laboral continúan siendo alarmantes, especialmente entre los jóvenes, dividiendo a la sociedad y poniendo en peligro el desarrollo económico”. El otro gran problema, el de la sobrecualificación, también se puede enfocar de esta manera: “En países punteros las competencias de los universitarios son más altas que en España. Aquí la sobrecualificación se concentraría en universitarios con bajos niveles de competencias, mientras que apenas existe entre aquellos con niveles altos. Esto refuerza la importancia de ir más allá de los niveles educativos e incorporar la dimensión de las competencias para proporcionar una perspectiva más completa y precisa del potencial de las personas”.
Intrusismo para todos
Así que, en un mundo cada vez más basado en las competencias, parece que la noción de “intrusismo” se diluye. “Ahora que las fronteras entre disciplinas son cada vez más difusas, el intrusismo entre profesiones puede que no sea tanto un problema y es probable que se incremente la movilidad laboral entre sectores y profesiones debido a la rápida evolución tecnológica y la demanda de habilidades especializadas”, cree Hernández. Con esto Galindo está de acuerdo: “Hay profesiones que requieren una especialización profunda que se ven contaminadas por el intrusismo, por ejemplo, la psicología o la medicina, donde han aparecido terapeutas y gurús de todo tipo y se puede ejercer mala praxis. Pero otros campos no presentan ningún problema. Uno puede haber estudiado derecho y ser un gran escritor”.
Aunque el Código Penal recoge el delito de intrusismo en su artículo 403, la lucha contra él, salvo en casos muy específicos como el de la medicina, es una batalla perdida que suelen emprender los colegios profesionales sin demasiado éxito. Eso sí, son necesarios criterios objetivos (consistan o no en una titulación) que permitan valorar las capacidades de los trabajadores. Entre otras cosas porque, en muchos casos, esas capacidades forman el único patrimonio de las personas de clase obrera, tal y como recuerda Brigitte Vasallo en su libro Lenguaje inclusivo y exclusión de clase (Larousse, 2021): “La supervivencia de las que venimos de pobres nace del esfuerzo colectivo por sobrevivir, por dar a la siguiente generación una patada en el culo que nos aleje lo máximo posible de la línea de la miseria […], por alcanzar los títulos académicos, adquirir los idiomas importantes y alejarnos de las lenguas inútiles”.
“Una opción que se está estudiando y promoviendo es la de las microcredenciales”, expone Hernández. “Se trata de certificaciones pequeñas y específicas que se centran en habilidades y competencias concretas, en contraste con los títulos tradicionales. Las microcredenciales pueden beneficiar a profesionales en proceso de reorientación laboral, a aquellos con brechas de habilidades o a quienes abandonaron algún nivel de estudios y buscan avanzar en sus carreras”.
Está claro: tanto los sistemas educativos como los entornos laborales están sometidos a una aceleración inédita. Y por más que se puedan distinguir algunas tendencias en su desarrollo, este proceso de aceleración acarrea enormes incertidumbres. Galindo, filósofo con años de experiencia en las aulas, pide responsabilidad: por ejemplo, “el sistema educativo también debe garantizar que los propios trabajadores sean capaces de conocer y defender sus derechos”. E insiste en que “jamás se puede perder el espacio que permite acceder a la objetividad”. “Sería muy grave que se perdiera la posibilidad de debate público y quedase una especie de mercadeo de las opiniones porque políticamente eso conduce a formas totalitarias, al populismo más canalla tanto de izquierdas como de derechas. Si se abandona el acceso a la objetividad que proporciona la educación, se abre la puerta a todo tipo de servidumbres tribales, identitarias, de arbitrariedades, de cultos a la personalidad…”. Así que quizá se pueda prescindir de los títulos, pero habrá que vigilar que eso no conduzca a la injusticia o la arbitrariedad.
El campus se suma a la decisión de hace un año del resto de campus privados, tras comprobar que han duplicado la matrícula sin las Pruebas de Aptitud Personal
La Universidad Abat Oliba (UAO) también dejará de exigir las Pruebas de Aptitud Personal (PAP) para acceder a los grados de Educación el próximo curso. El campus sigue así la senda abierta hace un año por la Ramon Llull y la Internacional de Catalunya, que también suprimieron las pruebas. La UAO asegura que toma la decisión para equipararse con el resto de universidades privadas, una decisión que llega después de que tanto la URL como la UIC hayan logrado este curso remontar las matrículas de nuevos alumnos, que habían caído desde la implantación de las PAP hace una década.
Las Pruebas de Aptitud Personal (PAP) se implantaron en 2014 con el objetivo de mejorar el nivel de matemáticas y lenguas de los futuros profesores, en un momento en que se detectó un descenso en las notas de los alumnos catalanes. Universidades públicas y privadas acordaron que un alumno debía aprobar este examen, que se realiza en abril, para poder acceder a los grados de Educación Infantil o Educación Primaria. Desde entonces, cada año centenares de alumnos se quedan a las puertas tras suspender las pruebas: en concreto, este curso fueron casi 2.200, el 46% de los que se presentaron. Se trata de una tendencia habitual, ya que el porcentaje de aprobados de los últimos años se mueve cerca del 60%. La escabechina es especialmente dura con los alumnos de Formación Profesional (FP), ya que solo la aprueban el 35%, una cifra que sube al 57% en el caso de estudiantes de bachillerato.
A ello se suma el abismo de precios entre públicas y privadas, acrecentado en los últimos años por la rebaja de los precios de las matrículas en las públicas, de manera que un curso en estas cuesta 1.060 euros, mientras que el primer curso en la Blanquerna (URL) se dispara hasta los 8.850 euros. Ello ha provocado que las aulas de las facultades de Educación de las universidades privadas se hayan ido vaciando, una tendencia que de repente ha dado un giro en los campus que suprimieron las PAP hace un año.
Y ahora se sumará el centro de la Abat Oliba. “Ya no será un requisito imprescindible, pero sí un criterio que dará preferencia para entrar en el grado”, aseguran fuentes de la universidad. La Abat Oliba defiende que ha tomado la decisión para “situarse en las mismas condiciones” que el resto de privadas, pero asegura que no se eliminan todas las exigencias, ya que “los contenidos de las PAP se exigirán para acceder al tercer curso del grado”.
La Ramon Llull es la que más ha notado el cambio. Con una oferta de 260 plazas para los grados en Educación infantil y Educación primaria, la matrícula de nuevos alumnos cayó hasta tocar fondo el pasado curso, con unos 140 alumnos entre los dos grados. Este curso el aspecto es otro y ha doblado las matrículas de nuevos alumnos, hasta las 279 (132 en infantil y 156 en primaria), según datos de la universidad. En la UIC ha sucedido lo mismo: de 88 alumnos de primer curso de 2019 se ha pasado hasta los 48 el año pasado, mientras que este curso han remontado hasta los 78 en los dos grados, según datos del campus. Las matrículas en la Abat Oliba han pasado de 60 del año pasado a 40, según datos de Unportal. Vic ha perdido en un año la mitad de alumnos del grado de Infantil, quedándose en solo 18, mientras que en primaria ha aumentado tímidamente de 67 a 73, según esta misma web.
Para el decano de la facultad de Educación de la Universidad Ramon Llull, Jordi Riera, la supresión de las PAP ha comportado la “consecuencia deseada” de la recuperación de matrícula, pero aseguran que el 75% de los alumnos que han accedido este curso tienen las PAP aprobadas. “Habíamos perdido músculo y nos estábamos haciendo pequeños en el sistema, pero veíamos cosas en el sistema que no nos gustaban y dijimos basta”.
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Entre los aspectos negativos de las pruebas, Riera apunta a la mayor: “Discrepamos de la idea de que las PAP estén filtrando a los mejores”. El decano asegura que desde que se implantaron han pedido que se evalúe la medida y que se añada una entrevista personal. “Pero ha quedado en un simple test de lenguas y matemáticas. Es una prueba de conocimientos, no de aptitudes”, lamenta. A ello se añadió el efecto generado de huida de estudiantes que suspendían. “Casi medio millar se marchan cada año a estudiar a Zaragoza o Valencia, así que durante la carrera no refuerza la lengua catalana. Y estos alumnos vuelven y acaban haciendo de profesores”, añade Riera.
Pero la gota que colmó la paciencia de la Blanquerna, apunta el decano, era la sangría que se hacía con los alumnos de FP. “Llevan cuatro años formándose y desarrollando habilidades. Y en nuestras pruebas de admisión, con unos psicotécnicos, veíamos perfiles muy buenos, motivados y capaces, pero que a la hora de hacer las PAP que se ponían nerviosos y no las pasaban”, abunda Riera.
Por ese motivo, la URL ha apostado por poner un filtro, pero no antes de entrar en la universidad, sino en el primer curso, mediante una asignatura de refuerzo de lenguas y matemáticas. “Si no aprueban los parciales, no aprueban la asignatura. Y si un alumno se queda clavado aquí, no será maestro. Y ya tenemos el filtro que nos piden”, se escuda Riera.
En la UIC comparten el argumentario de que no se evalúan las capacidades ni vocaciones del alumnado y que supone una barrera para los que provienen de FP. “No queremos desvincularnos de las PAP, pedimos que se replanteen para que sirvan para lo que deben servir”, defiende Enric Vidal, decano de la facultad de Educación de la UIC. Vidal insiste en que no renuncia a exigir un buen nivel de lenguas y matemáticas durante los años de carrera y propone que se plantee un examen al final de los estudios, como un MIR. “No renunciamos a crear buenos profesores porque el sistema lo necesita”, remata el decano.
Por su parte, las públicas “lamentan” que estos tres campus hayan abandonado el acuerdo firmado entre las 12 universidades catalanas y defienden la validez de las PAP. “Nuestros datos indican que sí están ayudando a que salgan mejores profesores”, apunta Quim Salvi, rector de la Universidad de Girona y vicepresidente de la Asociación de Universidades Públicas catalanas. Salvi considera que estas tres universidades privadas deberían abandonar el Programa de Mejora del Profesorado (MIF).
La carrera de Economía es una carrera muy amplia, que no forma a las personas únicamente para investigar oportunidades económicas, sino que brinda una formación integral, con una perspectiva social y vasta sobre las relaciones de producción e intercambio, la desigualdad social y un razonamiento lógico.
Los profesionales egresados de Economía tienen muchas posibilidades se especializarse en las áreas de su interés particular, ya sea de manera independiente o mediante cursos de post grado.
“Como la mayoría, Economía es una carrera que implica mucha dedicación. El alumno deberá aprender bastante matemática y modelos económicos mucho más complejos que los vigentes. Tener que aprender materias relacionadas a modelos en desuso puede ser tedioso para los estudiantes, aunque en todas las carreras hay materias que disgustan a quienes las eligen”, indica un egresado de la Licenciatura en Economía.
El egresado de la carrera de Economía tendrá la posibilidad de desempeñarse en diferentes ámbitos, pudiendo optar por empresas privadas, por incorporarse al ámbito estatal o por ejercerla de manera independiente como consultor privado para ambos espectros. También estará capacitado para acercarse al ambiente político y aplicar sus conocimientos desde un posicionamiento estratégico que le permita beneficiar a la sociedad mediante medidas basadas en estudios específicos de la economía regional.
Porque te apasionan los números, las matemáticas y el funcionamiento de los sistemas económicos macro y micro.
Porque siempre estás interesado por los fenómenos económicos globales y de tu región.
Porque constantemente analizas los procesos económicos que observas a través de las noticias.
Porque te sientes capaz de administrar correctamente la economía de una empresa pública o estatal e, incluso, de un país.
Porque piensas que la economía es el motor de todo lo que sucede en el mundo, sobrepasando inclusive a la política.
Porque te gusta investigar los procesos económicos mediante los cuales las organizaciones o regiones llegan a determinada situación.
Tiene influencia en todos los aspectos de la vida
Los conocimientos en economía nos servirán de gran utilidad para sacar adelante muchos de los problemas que nos puedan surgir en el día a día, pero también tienen el cometido de dar respuesta a grandes problemas a nivel global, como pueden ser las crisis económicas.
Esta disciplina contribuye a dar soluciones a ámbitos tan dispares como la sanidad, educación o políticas sociales.
Esenciales a la hora de tomar decisiones
Tanto en los gobiernos como en las grandes compañías, los economistas adquieren una gran relevancia, ya que en muchas ocasiones las decisiones que se adoptan deben llevar el visto bueno de estos profesionales.
Muchas de las medidas a ejecutar siguen un criterio económico.
Conseguir negocios de éxito
Conseguir que un negocio triunfe requiere de algo más que sacrificio y una buena actitud.
La economía también se ocupa de analizar el comportamiento de los consumidores y en base a eso consigue que las compañías desarrollen unas estrategias comerciales adecuadas para obtener los objetivos propuestos.
Los estudios en Economía te ayudarán a adquirir los suficientes conocimientos para intuir en qué proyectos merece la pena implicarse y en cuáles no. El éxito de una empresa dependerá de una serie de factores que solo se encuentran al alcance de los expertos en esta materia.
Muchas salidas laborales
Una de las grandes preocupaciones de los estudiantes es implicarse en un grado en el que tengan futuro, que dispongan de salidas laborales.
Los conocimientos que se adquieren en Economía permitirán a los alumnos especializarse en diferentes campos, como pueden ser las asesorías, banca, consultorías, contabilidad, inversiones y bolsa, marketing, finanzas, investigación, trabajo en instituciones públicas o cámaras de comercio, entre otras opciones.
Por lo tanto, hay una elevada empleabilidad y los sueldos suelen ser bastante altos.
Ejercer tu trabajo de forma independiente
Cada vez son más las compañías que requieren de la participación de asesores y consultores económicos autónomos para tomar decisiones de relevancia. Tendrás la oportunidad de ser tu propio jefe, pero gestionando el negocio de otros.
Distintas ramas de especialización
Su campo de estudio es muy amplio, lo que facilita que los profesionales puedan especializarse en aquellas disciplinas que más les interese.
Aporta conocimientos sobre la situación mundial
La economía es una ciencia que engloba muchos aspectos de la sociedad.
Gracias a ella resultará más sencillo entender el comportamiento de las personas en el pasado y en el presente, y en base a ello poner en marcha unos modelos económicos que contribuyan a conseguir un futuro más favorable.
De hecho guarda una cierta relación con otras ramas como el derecho, la política o la historia.
Los motivos para estudiar Economía son numerosos, pero si eres inquieto y tienes interés en buscar soluciones a los problemas económicas del día a día, además de comprender todo aquello que afecta a la economía global, es que lo tienes claro y sabes perfectamente hacia donde orientar tu carrera.
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