El presidente José Luis Bonet atribuye el crecimiento diferencial de la economía española respecto a Europa al turismo: «El turismo tapa que hay pymes que lo están pasando mal»
Los robustos datos de crecimiento de la economía española, sobre todo respecto a sus principales socios europeos, parecen diluir cualquier inquietud, pero cada vez son más las voces que desafían la complacencia y empiezan a llamar la atención sobre determinados aspectos que podrían lastrar el desempeño de la economía en el medio plazo.
Si este lunes fue el servicio de análisis de Funcas el que advirtió sobre la debilidad de la inversión y sus potenciales riesgos tanto sobre el crecimiento a medio plazo como sobre el proceso de reducción del déficit, este martes ha sido el presidente de una de las instituciones empresariales más influyentes del país, la Cámara de España, José Luis Bonet, el que ha señalado al fuerte incremento de los impuestos sobre las empresas como un lastre para la economía española.
Bonet ha advertido sobre el impacto de las subidas de los impuestos sobre las empresas y de las cotizaciones sociales que el Gobierno ha acometido en los últimos años. «Habría que revisar parte de los impuestos porque se está imponiendo una carga excesiva sobre un sector que es el principal motor de crecimiento de la economía española», ha
El presidente de la Cámara de España ha recordado que está situación se produce en un país cuyo tejido empresarial está compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas, cuya situación no es tan boyante como puedan mostrar los resultados de las grandes multinacionales del Ibex. «La economía española crece principalmente por el turismo y ese efecto no permite ver que debajo hay gente que sufre, como las pymes, a las que les han subido sus costes de producción, que no han podido repercutir a sus clientes y que en algunos casos no han podido sobrevivir. Si lo hacen es porque son empresas familiares, que son más resilientes».
Bonet, que ha participado en un desayuno informativo organizado por CEDE, también ha opinado sobre la entrada del Estado en Telefónica. «Si es para ayudar, me parece bien; si es para intervenir, me parece mal», ha dejado claro el presidente de la institucional cameral, que se ha felicitado de que Criteria haya dado un paso adelante en la defensa de Telefónica al elevar su participación en el capital.
Tampoco ha eludido la cuestión catalana. El empresario catalán, presidente de honor del Grupo Freixenet, ha mostrado su esperanza en que las inminentes elecciones marquen un antes y un después. «Hay una oportunidad de pasar de página y ponerse a trabajar y dejarse de ensoñaciones». Y ha lamentado el deterioro económico provocado por el procés. «Cataluña se ha extraviado. Hemos perdido diez años. Es un territorio con vocación de liderazgo y relevancia y es evidente que los ha perdido».
A la espera de conocer la decisión definitiva del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) sobre el coste del despido en España, todo apunta a que la resolución disparará la cada vez mayor judicialización de los ceses. Sin embargo, los despachos de abogados están detectando que los conflictos legales se orientan hacia una nueva dirección: la gran mayoría de las demandas ya no buscan una mayor indemnización, sino que se declare directamente nulo. Un giro de guion que pone en jaque la estrategia ‘clásica’ seguida por muchas empresas para prescindir de sus trabajadores.
En los últimos cuatro años, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha impulsado muchas «prohibiciones» de despedir por motivo de la pandemia y la guerra de Ucrania que, tal y como ha reiterado el Supremo, no eran tales porque la norma no decretaba la nulidad. Como mucho suponían la improcedencia, es decir, un despido más caro, pero perfectamente posible.
Sin embargo, otras normativas han tenido un impacto mucho mayor, porque han elevado los supuestos por los que un despido puede ser declarado nulo. En este sentido, destaca la Ley 15/2022, Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación impulsada no por Díaz, sino por la ex ministra de Igualdad, Irene Montero.
Díaz también ha seguido esta vía de hacer explícitas las nulidades, aunque su foco está en los motivos de conciliación. Como ya contamos en elEconomista.es, una de sus primeras medidas en el arranque de la Legislatura fue introducir un cambio legal que convierten la mera solicitud de un cambio de jornada o de poder teletrabajar por cuidado de un familiar en un motivo para que el cese se pueda declarar nulo.
Aunque determinar la totalidad del alcance legal de estos cambios está en manos de los tribunales, ya hay sentencias del Supremo que anulan despidos por discriminación por edad, o incluso por «discriminación refleja» (en un supuesto en la que la cónyuge de la trabajadora estaba embarazada). Un caso en particular que, según el socio de Gómez-Acebo & Pombo, Carlos de la Torre, supone una «nueva frontera de nulidades» para el despido. Un supuesto que no solo lleva a la readmisión, sino al abono de los salarios dejados de percibir hasta el fallo.
Esto está teniendo un impacto directo en las empresas y en los despachos. Según el socio de laboral de Gómez-Acebo & Pombo, Ignacio del Fraile, «el 95%» de las reclamaciones por un despido que se presentan pide directamente la nulidad, no un incremento de la indemnización. Una situación inédita que dispara la judicialización pero que, además, supone un terremoto laboral mayor que el que supone cambiar el importe de las compensaciones por cese. Un seísmo que, además, puede ser la vía para acabar con el último reducto del ‘despido libre’ en España, dando más ‘armas’ a los trabajadores para rechazarlo.
Del despido exprés al nuevo despido libre Para entender este impacto, hay que analizar la manera de despedir en España. En 2023 se registraron un total de 991.265 bajas de afiliación por despido, cifra que supone un 22% más que en el año anterior y nuevo récord de una serie histórica que se remonta a 2013, cuando España apenas empezaba a iniciar una lenta recuperación de la crisis financiera. Este repunte se suma al de 2022, cuando los despidos crecieron un 50% interanual,lo que despertó las alarmas del Ministerio de Trabajo y los y sindicatos.
Pero el acuerdo en el diálogo social para la reforma laboral aprobada a finales de 2021 se había logrado sobre el compromiso de no revertir el recorte en las indemnizaciones por despido improcedente desde los 45 días por año trabajado a 33 días introducido por el Gobierno del PP una década antes. Aquella polémica rebaja tenía como contrapartida la desaparición del despido ‘exprés’, una figura que permitía que la empresa admitiera la improcedencia en el momento mismo del cese. El despido era más caro entonces, sí, pero prácticamente libre.
Al eliminar esta figura, se pretendía reforzar la ‘causalidad’ de los despidos y evitar su discrecionalidad, ya que ahora la mayoría de los ceses acababan siendo recurridos, con el añadido del coste legal que esto implicaba. Pero las empresas encontraron una vía para mantener muy viva una variante del despido ‘exprés’: despidos a coste cero o muy bajo cuya indemnización se elevaba a posteriori, en un acto de conciliación, paso previo para evitar un juicio.
Con ello, según diversos laboralistas y los sindicatos denunciaban, el pretendido efecto de la reforma del 2012 se diluía: las empresas seguían despidiendo de manera ‘libre’ y encima se provechaban del menor coste del despido improcedente. El efecto fue inmediato, a pesar de que la clarificación de los despidos objetivos por causas económicas y productivas (con una indemnización de 20 días por año) hacía menos necesario recurrir al antiguo ‘despido exprés’ y muchas habían frenado los ajustes tras un lustro de intensa recesión.
Según la economía y el empleo se fueron recuperando, se vio con aún más claridad el protagonismo de este nuevo despido ‘libre’. La reforma laboral de 2021 no cambió esto, los datos de afiliación lo dejan claro: el 54% de las bajas por despido son disciplinario (a coste cero), aunque en 2018 y 2019, inmediatamente antes de la pandemia se alcanzó el 56%. En 2024, aunque solo contamos con datos de enero, se alcanza el 55,6%.
En cifras absolutas, los despidos disciplinarios superaron en 2023 la cifra de 537.000, su récord histórico. El arranque de 2024, con más de 50.000 ceses de este tipo solo en enero, apunta a que seguirá batiendo marcas. Aunque el resto de tipos de despido también ha aumentado, no dejan de ser la primera, algo preocupante para un Gobierno que acaba de presentar una nueva reforma laboral destinada a la estabilidad del empleo pero que no cierra la puerta de los ceses discrecionales que dejó abierta la de 2012. Y como según diversos análisis, estos afectan especialmente a los trabajadores con menos antigüedad acumulada, esta pervivencia del ‘despido libre’ se transforma ahora en una fórmula para convertir a estos nuevos indefinidos en temporales ‘de facto’.
La incertidumbre del coste del despido En este escenario, la vía más publicitada por Díaz y Sumar ha sido reformar el coste de la indemnización por improcedente, aunque no de manera general, sino para reparar el «daño» causado al trabajador por el cese. La vía es alambicada, ya que está pensada para no ‘romper’ explícitamente el acuerdo de diciembre de 2021 con la patronal, algo que Bruselas no vería con buenos ojos.
UGT y CCOO presentaron una demanda ante el CEDS para que aclare si imponer un tope legal al despido se atiene a la Carta Social Europea. No se discute su cuantía (no se habla de volver a los 45 días), sino su propia existencia. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apoya sin ambages la ofensiva por unas indemnizaciones que muchos han calificado de «a la carta», pero lo cierto es que la visión del PSOE no es tan entusiasta. Ni clara.
Nadie duda que Estrasburgo dará la razón a los sindicatos españoles, como lo ha hecho en los casos de Francia, Italia o Finlandia. Ninguno de estos países ha cambiado su ley, aunque en España será diferente, ya que la revisión forma parte del acuerdo de Gobierno entre Sánchez y Díaz, Pero en la manera de hacerlo no hay acuerdo, más allá de vagas menciones a «reforzar la causalidad». Una expresión que recuerda a la que, en su momento, esgrimió el Ejecutivo de Rajoy.
¿Hablamos de mantener un límite general de 33 días y cuantía adicionales en función de la «reparación» al asalariado? ¿Se fijarán tablas variables en función de las circunstancias personales? ¿O se fijará una indemnización mínima como en Portugal o Italia (de entre tres y seis meses) para todos los trabajadores que menos tiempo lleven trabajando, para evitar la volatilidad?
Aunque los jueces empiezan a tomar partido y hay muchas sentencias que fijan una «indemnización adicional» a los 33 días, también las hay que la rechazan, lo que llevará a pronunciarse al Tribunal Supremo, previsiblemente ratificando la ley española, si el Ejecutivo no la cambia antes. Sin embargo, como estamos viendo, las nuevas nulidades han llegado antes al Alto Tribunal y este las avala. Lo que anima cada vez más a los trabajadores a denunciar y no a conformarse solo con una indemnización por despido.
Además, los cambios introducidos por Díaz y Montero elevan las posibilidades de reclamar no solo en casos en los que hay un despido. Según Carlos de la Torre, la conciliación se ha convertido en una «microdisciplina del Derecho laboral» que lleva los conflictos de interés al foco de los tribunales y provoca una «judicialización extrema de las indemnizaciones» económicas. Un escenario que lleva hacia la «americanización» de la práctica laboral.
La ofensiva judicial impulsada por la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) para replantear quién y por qué se sienta en la Mesa del Diálogo social se ha cobrado su primera victoria en un terreno especialmente sensible: las subvenciones ‘a dedo’ concedidas a los sindicatos y, especialmente, las patronales consideradas «más representativas». Pero este solo es el primer paso en una estrategia que puede poner patas arriba desde la interlocución con el Gobierno como la negociación de los convenios colectivos.
Tras una denuncia de la organización que preside José María Torres, el Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre por el que el Ministerio de Educación y Formación Profesional repartió 30,6 millones a CEOE, Cepyme y UGT para desarrollar actividades de formación en materia de digitalización. El Alto Tribunal concluye que no hay justificación alguna para que esta cantidad se conceda directamente a esas tres organizaciones sin convocatoria pública, tal y como prevé la Ley General de Subvenciones.
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Pero esta denuncia no es la única presentada por Conpymes. En 2022 presentó en la Audiencia Nacional un contencioso administrativo ante la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo en relación a su petición de ser reconocida como agente social, y fuentes vinculadas a la organización esperan que un fallo favorable a sus demandas se conozca en breve. Por si esto fuera apoco, también han elevado una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo por el mismo motivo: su exclusión del diálogo social.
La sentencia no puede llegar en un momento más delicado para el Ejecutivo, mientras se negocian cuestiones como la reducción de jornada, la reforma del despido o la de los subsidios por desempleo, en un marco de debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Todo ello en el arranque de una Legislatura en la que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se habían comprometido a revisar el papel de sus interlocutores.
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar firmado en noviembre prometía «desarrollar las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pymes en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional». También prometía hacer lo propio con el colectivo de autónomos «mediante un sistema basado en principios democráticos».
Este cambio parece hecho a medido de Conpymes, patronal constituida en 2021 como una alternativa a Cepyme, a la que consideran una mera extensión de la CEOE que no defiende los intereses de los pequeños empresarios. De ella forma parte también Uatae, una de una de las tres principales asociaciones de autónomos tras ATA (vinculada también a CEOE) y Upta (que se relaciona con UGT).
El pacto incendió a los empresarios liderados por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva en lo que en un primer momento se interpretó como una maniobra del Ejecutivo para impulsar asociaciones ‘afines’ en detrimento de la órbita de la CEOE. Algunos incluso quisieron ver una lectura política vinculada con los acuerdos del Gobierno con Junts y ERC. La razón es que el vicepresidente de Conpymes, Antonio Cañete, es presidente de la patronal catalana de pymes.
Una interpretación rechazada por la mayoría de los actores consultados, ya que tanto Cañete como el propio José María Torres, han marcado distancia con el independentismo. Además, Conpymes integra a otras organizaciones como las sectoriales COAG y Fenadismer, la valenciana Unión Gremial, la balear PIMEB o la castellanoleonesa CES. Organizaciones diversas y muy lejos de verse complacientes ante decisiones que el Gobierno ha cerrado con los sindicatos al margen de CEOE y Cepyme, como en el caso de la subida del SMI.
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Desactivar una bomba de relojería
Así las cosas, donde unos ven una jugada para colocar organizaciones afines en la mesa de negociación, otras voces avisan de que el Gobierno solo pretende lanzar una advertencia para devolver a la CEOE de Garamendi al ‘redil’ de la mesa de negociación, a cambio de pactar una reforma de muy corto alcance que baste para desactivar una ‘bomba de relojería’ que en realidad tampoco le conviene que estalle.
Si la justicia española y Bruselas dan la razón a Conpymes, supondrá un varapalo sin precedentes a la estructura del diálogo social tripartito (entre Gobierno, patronales y sindicatos) y el reconocimiento explícitio de la falta de un sistema objetivo de acreditación de la representatividad empresarial a nivel de negociación institucional, al no existir un desarrollo reglamentario específico, como sí existe en el caso de los sindicatos.
Ante esta carencia, se aplica la regla que fija el Estatuto de los Trabajadores en la negociación de los convenios colectivos sectoriales: que las organizaciones representen al 10% de empresas y trabajadores a nivel nacional o el 15% a nivel autonómico. Sin embargo, esto también es problemático. Fuentes del diálogo social hablan de una auténtica cascada de impugnaciones de convenios tanto sectoriales como a nivel de empresas por haberse visto desplazados especialmente por Cepyme.
Pero esta polémica regla ni siquiera se aplica a la negociación con el Gobierno, que carece aún de una legislación específica y actualizada que clarifique cómo se seleccionan a los representantes de las empresas en la negociación de las grandes reformas y regulaciones económicas. Y esto repercute no solo en las organizaciones, sino en el reparto de subvenciones que recibe cada una de estas administraciones.
Precisamente, en paralelo a la cuestión de la representatividad, el acuerdo PSOE y Sumar habla de una ley de participación institucional que estructure el diálogo entre patronal, sindicatos y administraciones (incluyendo comunidades y ayuntamientos). Pero Díaz no ha concretado avances en esta cuestión.
En este escenario, la entrada de una nueva patronal desequilibra un diálogo social más necesario que nunca ante la debilidad parlamentaria del Gobierno a la hora de sacar adelante medidas laborales, ante la posición de Podemos. En este escenario, algunos negociadores apuntan a que Trabajo y Moncloa pueden preferir mantener los desencuentros ‘pactados’ con CEPE y Cepyme antes que una verdadera apertura del diálogo social.
Las asociaciones de trabajadores autónomos ya dan por hecha la exclusión de sus reivindicaciones en el segundo intento de reforma del subsidio del paro. El propósito de que los trabajadores por cuenta propia tengan acceso a la ayuda de ese tipo destinada a mayores de 52 años queda definitivamente fuera del debate. Desde el Ministerio de Trabajo argumentan a que «el ámbito de la reforma del desempleo asistencial es el trabajo por cuenta ajena», lo que frustra las intenciones de los autónomos.
En la tesis que maneja Trabajo, diferencian las particularidades de ambos colectivos de trabajadores al pertenecer a modelos de cotización distintos. Las cuantías aportadas por las personas asalariadas son mayores, lo que a su vez les otorga una mayor protección social.
Hasta ahora, los autónomos han cotizado por tramos más bajos a los que, a priori, les corresponderían y han experimentado una protección social limitada. A lo largo de los años, se ha trabajado en reforzar ambas áreas, aunque aún persisten diferencias en comparación con los trabajadores asalariados. Desde el año pasado, los autónomos están obligados a cotizar en función de sus ingresos reales, abandonando la práctica anterior en la que casi el 90% del colectivo contribuía según un mínimo establecido, según datos de Seguridad Social.
El objetivo de las asociaciones ahora, y ante la apertura de una mesa de negociación entre Díaz y los agentes sociales, era lograr que los trabajadores por cuenta propia sean incorporados también a la nueva legislación. En concreto, piden que los integrantes mayores de 52 años de este colectivo tengan acceso al subsidio de desempleo ya existente para las personas situadas en esa franja de edad que forman parte del régimen de autónomos, una vez que hayan agotado la ayuda ya prevista para los autónomos por cese de su actividad.
Esta última prestación puede reclamarse una vez han pasado un mínimo de dos años de actividad y cubre a los autónomos cuando sus negocios cierran o cuando estos ven mermada su actividad.
Cuando los trabajadores autónomos agotan la prestación por cese de actividad o no han cotizado lo suficiente para acceder a ella, no cuentan con un subsidio específico para el cese de actividad. En caso de necesidad, deben buscar apoyo en otras formas de ayuda social, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las rentas míimas autonómicas.
Por el momento, y ante el inmovilismo de Díaz, que comenzó ayer a negociar la reducción de jornada, fuentes de las asociaciones confirman a este medio que han comenzado a tratar el tema con el Ministerio de Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz, para avanzar en la prestación
Las asociaciones de trabajadores autónomos centran sus solicitudes en la relevancia de salvaguardar a los trabajadores autónomos mayores de 52 años. Esta demanda de protección especial surge a raíz de la situación particular de un grupo de individuos que, debido a su edad y las condiciones del mercado laboral, enfrentan notables obstáculos para reintegrarse al ámbito laboral.
«En este sentido, nada hace pensar que una persona trabajadora autónoma mayor de 52 años que haya cesado en su actividad por falta de viabilidad cuente con mayores posibilidades de inserción laboral que una trabajadora asalariada», apuntan desde UATAE, asociación liderada por María José Landaburu.
Subsidio contributivo
Esta disparidad resulta aún más incomprensible para las asociaciones cuando se trata de prestaciones no contributivas, las cuales se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no con las contribuciones sociales. Por lo tanto, no hay razón para justificar un trato desigual y discriminatorio hacia las personas afiliadas al RETA.
Desde UPTA creen que la solución puede estar en una nueva cotización del 0,5% sobre la base mínima del primer tramo de la tabla general del RETA, equivalente a aproximadamente 4 euros mensuales más, y que se estimaría en una recaudación anual de unos 160 millones de euros, teniendo en cuenta que el colectivo está formado por 3,3 millones de autónomos.
Estos fondos podrían destinarse a la implementación de un subsidio que beneficiaría a más 50.000 autónomos.
Los beneficiarios no solo recibirían una ayuda mínima para su subsistencia, sino que también asegurarían la continuación de su historial de cotizaciones, contribuyendo así a fortalecer su fondo de jubilación. Para Eduardo Abad, presidente de UPTA, «no es aceptable que los trabajadores por cuenta propia queden desamparados al carecer de los mismos mecanismos de protección social que los trabajadores por cuenta ajena. El compromiso del Ministerio de Trabajo siempre ha sido velar por aquellas personas trabajadoras que por distintas circunstancias han perdido su empleo con una edad superior a los 52 años, conscientes de las dificultades de recolocación en el mercado de trabajo».
Una ayuda respaldada en los PGE
Otras asociaciones van más allá y denuncian que la disparidad de los autónomos frente a los asalariados es aún más incomprensible cuando se trata de prestaciones no contributivas, financiadas a través de los Presupuestos Generales del Estado y no con las contribuciones sociales. Por lo tanto, no hay razón para justificar un trato desigual y discriminatorio hacia los afiliados al RETA. Es una cuestión de justicia que cualquier persona que cumpla con los requisitos de edad y cotización pueda acceder a estos subsidios, independientemente del régimen al que estuvieran afiliados, ya que solo de esta manera se cumpliría eficazmente con la finalidad asistencial hacia los trabajadores, sin distinciones arbitrarias.
El acceso al subsidio por desempleo, sin importar la edad, circunstancias personales o responsabilidades familiares, está condicionado por un período mínimo de cotización por desempleo, que varía según la modalidad del subsidio. Esta condición resulta imposible de cumplir para los trabajadores autónomos, ya que no tienen la posibilidad de cotizar específicamente por desempleo. En cambio, su cotización se destina únicamente al cese de actividad, una prestación del RETA con el mismo propósito que la prestación por desempleo: proteger a los trabajadores cuando pierden su empleo, ya sea como asalariados o autónomos.
Aunque la contingencia cubierta y el supuesto de hecho son idénticos, «exige en todo caso un periodo de cotización por desempleo mínimo que varía en función de la modalidad del subsidio», apunta UATAE. Esta exclusión persiste incluso si cumplen todos los requisitos y tienen períodos de cotización equivalentes a los de un trabajador por cuenta ajena. Esta situación pone de manifiesto una inequidad en el acceso a los subsidios por desempleo, ya que la simple clasificación técnica impide que los trabajadores autónomos reciban el mismo respaldo a pesar de enfrentar situaciones laborales similares.
Por su parte, desde ATA confirman a este medio que este derecho debe ser «real» para los autónomos, ya que «en la práctica es necesario recurrir a juicio para obtenerlo».
Se calcula que durante su vida ha obtenido más de 20,4 millones de dólares en ganancias por sorteos de loterías.
Joan Ginther, la mujer ‘más afortunada del mundo’
La suerte tiene nombre y apellido: Joan Ginther. Veintiocho son las veces que esta maestra estadounidense ha ganado la lotería, y hasta en cuatro de ellas se ha llevado el premio gordo. Aunque quizás, más que azar se trate de un truco.
Su nombre se dio a conocer cuando en 2010, a sus 63 años, ganó 10 millones de euros tras acertar el primer premio del juego de rasca y gana Extreme Payout, aunque esa no había sido la primera vez que Ginther se las veía con la suerte. En 1993 había ganado 5,4 millones de dólares, en 2006 otros 2 y en 2008, tres millones más, por lo que, en total se calculaba que en menos de 7 años (entre 1993 y 2010) sus ganancias alcanzaron los 20.4 millones de dólares.
Una probabilidad entre 18 septillones
Las probabilidades de ganar la lotería 28 veces es una entre 18 septillones, una cifra tan descomunal que ha llevado a muchos a cuestionar la legalidad de la ‘fórmula secreta’ de Ginther. Aunque quizás su éxito en la lotería tiene más que ver con su empeño por la causa: The Philadelphia Inquirer afirmaba que esta profesora invirtió cerca de tres millones de dólares en el juego, lo que supone comprar, al menos, 800 mil billetes de lotería.
Tras su último golpe de suerte vivió en Bishop, una pequeña localidad estadounidense en el estado de California, de 3 mil habitantes. Allí, los vecinos afirmaron que Ginther tenía miedo de todo el mundo, aunque la recuerdan con cariño por haber donado una camioneta para la iglesia local y haber realizado obras benéficas.
Ahora Ginther vive en Las Vegas, donde lleva una vida lejos de los focos, y pese a lo impresionante de su historia, la profesora se niega a dar entrevistas por lo que de momento, el misterio de sus victorias seguirá siendo un secreto.
Analizamos la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC) en más de 200 productos durante el último año para ver qué se ha encarecido más durante la crisis de inflación
— La inflación subió casi un punto en septiembre, al 3,5%, por la energía y sin tregua en los alimentos
Esto es lo que ha cambiado el coste de la vida en el último año…
Alimentos básicos
+9,4%↑
Patatas
+20%↑
Arroz
+18%↑
Leche
+13%↑
Frutas
+9%↑
Otros alimentos
+11,1%↑
Aceite de oliva
+67%↑
Carne
+8%↑
Yogur
+8%↑
Pescado
+7%↑
Facturas
-13,7%↓
Internet y móvil
2,5%↑
Alquiler de vivienda
+2%↑
Gas
-23%↓
Electricidad
-38%↓
La subida de precios vuelve a acelerar tras el nivel mínimo de inflación alcanzado en junio, hace apenas tres meses. El aceite y los combustibles empujan al alza el coste de la vida en el último trimestre y vuelven a situar la inflación por encima del 3,5%.
Una escalada de precios que no se frena, según el Índice de Precios de Consumo (IPC), cuyo detalle del mes de septiembre se ha publicado este viernes. En los últimos tres meses, el precio del aceite ha subido un 25%, el del diésel un 16% y el de la gasolina un 10%. Una subida que explica gran parte del repunte de la inflación en este inicio de curso.
Hace un año, en septiembre de 2022, te gastaste 1.000 euros para cubrir todas tus necesidades: pagar el alquiler, las facturas, salir a cenar uno o dos días, ir al supermercado y comprarte algo de ropa. Si este año hubieras comprado los mismos productos, acudido a los mismos restaurantes y adquirido los mismos artículos, habrías pagado 1.035 euros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esa diferencia (3,5% más) es lo que ha variado, de media, el nivel de precios de los bienes y servicios de consumo en España en el último año, medido según el IPC.
Así, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este martes el dato definitivo del índice de precios de consumo (IPC) de agosto, con el que suma dos meses consecutivos al alza que interrumpen la tendencia de moderación del último año desde que, en el verano de 2022, las tasas superaran el 10%.
Junto a los alimentos, el grupo de vivienda también contribuyó a contener la inflación al abaratar sus precios en un 18%, un descenso más de tres puntos más intenso que el de julio, ante en menor encarecimiento de la electricidad. Asimismo, los hoteles, cafeterías y restaurantes se encarecieron una décima menos que en julio, un 6,4%, ya que los servicios de alojamiento subieron menos que el año pasado. Sin embargo, todos estos factores fueron neutralizados por el grupo de transporte, cuyos precios subieron un 1,2% —cuando en julio bajaron un 5,3%— debido al encarecimiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, lo que derivó en una subida del IPC general.
Patatas
Arroz
Leche
Frutas
Aceite de oliva
Carne
Pescado
Internet y móvil
Alquiler de vivienda
Gas
Electricidad
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